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Legalidad del nombre de dominio en Internet

El nombre de dominio no es ni más ni menos que la identificación de su empresa en la red

Legalidad del nombre de dominio en Internet

El nombre de dominio no es ni más ni menos que la identificación de su empresa en la red. Viene a cumplir la misma función que la marca, en el mercado de internet, por lo cual es recomendable que coincida con la misma a los efectos de aprovechar la clientela que ya conoce sus productos y que a la hora de hacer una adquisición en la red es probable que introduzca su marca con el correspondiente .com o .net cuando quiera localizarlos.

El registro de un nombre de dominio es sencillo, se puede realizar a través de numerosas empresas que han florecido en la red, concesionarias en su mayor parte de las seis que desde 1999 tienen licencia concedida por la ICANN, máxima autoridad en la asignación de nombres de dominio, finalizando en ese momento el monopolio que hasta entonces tenía Networks Solutions, que no obstante se sigue considerando la más importante. (la ICANN, organización sin ánimo de lucro, es la máxima autoridad en este campo desde que en 1998 el Gobierno americano le transmitiera esta posición, con la finalidad de favorecer la competitividad y favorecer la expansión del mercado)

Caso distinto es el del dominio .es, correspondiente a España cuyas condiciones de atribución se regulan por la Orden de 21 de marzo de 2000, gestiónada por la antigua RETEVISIÓN. En este caso se exigen mayores formalidades, con la finalidad de justificar un hipotético derecho sobre el dominio.

Cualquier persona puede registrar un dominio, .com (comercial), .net (networks/actividades prestadas a través de la red), .org (asociación u organización teóricamente sin ánimo de lucro), .es. El tener un dominio .com, no excluye que otra persona pueda adquirir la misma palabra pero con .net o .org. Por ello, para los fines de desarrollo de una empresa se recomienda registrar toda la gama, e incluso aquellos que presenten amplia similitud, para evitar actos competenciales o de mala fe que puedan perjudicar nuestra actividad (aunque cada vez más uno se pregunta si este registro realmente vale la pena cuando se prevee la existencia de nuevos dominios .shop, .eu, .etc. Es obvio, que una empresa pequeña no puede estar invirtiendo constantemente en la adquisición de todos los dominios que utilizan su nombre si estos proliferan de manera descontrolada, ¿no será esta precisamente la finalidad de esos nuevos dominios?)

A raíz de la relevancia que los nombres de dominio tienen en la red surgió el fenómeno del cybersquating. Denominamos cybersquating a aquella actuación por la cual un internauta registra como nombre de dominio una marca conocida o sobre la que no tiene ningún derecho, normalmente con el objeto de vendérselo a la compañía propietaria de la referida marca. En sus inicios, el cybersquating reportó cuantiosos ingresos a estos internautas por la venta de sus dominios a las grandes multinacionales propietarias de las marcas. Actualmente este fenómeno está en declive merced a las resoluciones que tanto en tribunales como en órganos arbitrales han recaído y que privan a los cybersquaters de los nombres de dominio que han registrado, beneficiándose de la fama de una marca o compañía.

¿que puede hacer una compañía cuando a la hora de registrar el nombre de dominio correspondiente a su marca o denominación social se encuentra que ya ha sido registrado?

Son muchas las opciones que en el estado actual de la cuestión tiene una empresa para que el dominio correspondiente a su marca o denominación social le sea entregado. Actualmente hay dos caminos para hacerlo: El primero es el de la jurisdicción española, donde las primeras resoluciones recaídas al respecto se decantan por la recuperación del dominio por la propietaria de la marca o denominación social, o al menos por la suspensión de su uso por el usurpador.

El segundo es el del procedimiento arbitral de la ICANN (Asociación para la Asignación de Números y Nombres de Dominio). En el marco de este último se están produciendo todas las recuperaciones que día a día acostumbramos a ver en los periódicos. Si usted es una empresa o persona de cierto renombre, está usted de enhorabuena: tiene casi un 100% de posibilidades de recuperar su nombre de dominio. Y es que el procedimiento de la ICANN se está caracterizando por dar una prevalencia casi absoluta a la titularidad de una marca o denominación social frente, al registro efectuado por cualquier persona, por mucho que haya sido el tiempo de antelación con que esta última, la demandada, haya procedido al registro. El procedimiento de solución de controversias de la ICANN tiene su legitimación no sólo en el carácter de máximo responsable en la asignación de nombres números y nombres de dominio que ostenta, sino también en la propia aceptación (aceptación que podría equipararse al significado de la frase “ser voluntario forzoso”) por toda persona, al registrar su dominio, de las normas de solución de controversias fijadas por la organización y que se basan en un procedimiento arbitral ante una serie de órganos previamente autorizados para ello por la propia organización. A estos órganos se les denomina órganos proveedores de servicios de solución de controversias y en España aparecen representados por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial OMPI, que está siendo el encargado de resolver la mayor parte de los conflictos planteados en nuestro país a través de su centro de mediación y arbitraje. Los casos hipercor.com, antoniodelhierro.com, cortefiel.com, gomaespuma.com, barcelona.com, madonna.com y un largo etcétera han sido resueltos en favor de sus conocidos titulares, sin titubear.

A pesar de las muchas ventajas que hay que atribuir al procedimiento de solución de disputas sobre nombres de dominio de la ICANN también es criticable su inclinación de la balanza hacia el poderoso, que se muestra en la privación de dominios que ya no sólo son coincidentes con el de una empresa o persona, sino que incluso suenen parecido, aunque gramaticalmente sean absolutamente distintos. Desde luego, en esos supuestos derechos como la libertad de expresión o el derecho de parodia desaparecen por completo.

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